El Siglo / Opinión / Página 14 / 25 de abril de 2010
Rechazo a la Reelección del
Rector
Eduardo Flores Castro
Catedrático
de la Universidad de Panamá
La reelección del Rector de la Universidad de Panamá no es conveniente porque las esenciales funciones de docencia, investigación, extensión, producción y servicios de la institución quedan subordinadas al interés político electoral, puesto que desde el inicio del periodo de un rector éste estaría preparando su reelección. Esto lo advirtió Méndez Pereira cuando dijo que uno de los peligros es que se llegara "a crear el tipo de profesor o de rector que hace política tratando de captar la benevolencia del estudiante, en perjuicio de su imparcialidad".
El principio de la no reelección inmediata busca evitar la continuidad de la primera autoridad universitaria y así permitir la innovación de ideas y estrategias emanadas desde la rectoría. En el caso del actual rector, profesor Gustavo García de Paredes, está por alcanzar 14 años en la rectoría en 4 periodos distintos. Como es sabido, para ocupar el actual periodo de rectoría y con ello reelegirse, cambió la ley hace apenas cinco años, y en estos momentos con tal de hacer prevalecer sus intereses sume a la universidad en una discusión estéril y la expone en condiciones desfavorables a la censura pública.
La no reelección inmediata de los cargos propugna facilitar la renovación en la gestión universitaria, sobre todo cuando hay que hacerle frente a grandes retos. En una comunidad universitaria de más de 4 mil docentes, nadie puede autocalificarse de indispensable, pues hay suficientes profesores que tienen la capacidad y el compromiso para ocupar el cargo de Rector.
Nuestra universidad, por su carácter público y por constituir una de las instituciones que deben llevar esperanza permanente al pueblo panameño, está obligada a que sus autoridades ejerzan sus funciones con un concepto de autonomía responsable. Por lo tanto, debe predicar con el ejemplo, dando muestras de ejercicio democrático transparente que asegure la participación efectiva en la conducción y la toma de decisiones. Por el contrario, la obstinada sugerencia de reelección es un mal precedente que debilita y le resta el significado democrático responsable de la autonomía a lo interno y externo de la institución.
La aplicación del principio de no reelección en el cargo de Rector es necesaria para que los procesos electorales internos sean oportunidades propicias para confrontar visiones, planes, programas, proyectos, metas y estilos de dirección; para que se reflexione sobre las alternativas que conduzcan a transformar la entidad en una universidad de constante renovación y de pertinencia social.
La autonomía de la Universidad de Panamá no puede reducirse a intereses
individuales o de grupos, al contrario, debe representar los intereses y
proyectos colectivos e institucionales, orientados con una arraigada cultura
universitaria de pertinencia y de rendición de cuentas a la sociedad.
La Prensa / Opinión / 27 de abril de 2011
La universidad silenciada o propositiva
Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá
La crisis energética es estructural, global e inevitable y en nuestro
país tiene consecuencias inmediatas en el costo de la gasolina, el aumento del
pasaje y el incremento del precio de la canasta básica que, en términos del
índice de precios al consumidor, ha crecido en un 41 % desde el año 2000 hasta
el año 2010.
Pese al extraordinario crecimiento de la economía panameña, con una
media de 7,6 % anual entre 2003 y 2010, la mayoría de la población ha visto
disminuido su poder adquisitivo y, obviamente, nuestros profesores, estudiantes
y administrativos no escapan a esta situación.
Las últimas protestas estudiantiles por el alza del pasaje y el costo
de la vida tuvieron como respuesta el cierre de la Universidad de Panamá. Así
como se critica el método de la obstrucción de calles, también, es criticable
la decisión facilista de clausurar temporalmente la institución, provocando la
pérdida de días clases, afectando todo el proceso educativo y la calidad del
aprendizaje de los estudiantes.
Estos cierres ponen al descubierto el silencio de la universidad sobre
los graves problemas que nos aquejan como nación. Sus autoridades, en vez de
promover el debate crítico y constructivo, se limitan a designar comisiones
coyunturales sin mayor impacto y trascendencia. Nuestra universidad está
obligada a honrar su compromiso con la sociedad a la que pertenece y ser centro
principal del estudio y formulación de propuestas de solución a los problemas
del país, por eso, es imprescindible un programa de investigación basado en el
estudio de las causas reales que impiden el desarrollo con equidad.
Rechazamos todo intento de las actuales autoridades universitarias de
manipular con fines electoreros el natural descontento de los universitarios,
de utilizar métodos politiqueros para producir un falso consenso y organizar
una marcha a la Presidencia, cuya intención podría estar encaminada en hacer
demostración de convocatoria y control de masas para ganar el apoyo del Órgano
Ejecutivo en el ilegal intento reeleccionista.
No se trata de sustraer a la universidad de la lucha por evitar que el
incremento del costo del petróleo sea trasladado a la población con menos
ingresos, al contrario, se trata de dar los fundamentos que proporcionan la
ciencia y el conocimiento, y recuperar la confianza ciudadana en la seriedad y
justeza de las propuestas y luchas universitarias. Para ello, falta un abordaje
multidisciplinario y científico, de justicia social y un método adecuado que
garantice un verdadero consenso de los universitarios sobre problemas como el
energético o el costo de la vida, que, por ejemplo, debió iniciarse con la
realización de un gran foro con la participación de nuestros especialistas,
representantes del Gobierno, la sociedad civil, los candidatos a rector y los
representantes de los estamentos universitarios.
El derecho a disentir y expresar su descontento por las políticas que
asumen los gobiernos, es uno de los pilares de la democracia. Siempre he
defendido el derecho a luchar y protestar, pero haciendo prevalecer la
inteligencia y no la violencia, para que estos esfuerzos produzcan resultados
satisfactorios para toda la sociedad.
Diario Crítica / Viernes 27 de agosto de 2010
La Universidad en la Asamblea
Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de
Panamá
La
Universidad de Panamá demanda una renovación cónsona con las nuevas realidades,
pero para ello se requiere su democratización interna. Aprobar el exabrupto de
reforma para facilitar la cuarta reelección personal del actual Rector,
equivale a condenar a la Universidad a continuar con los procesos de involución
y de inercia académica que le impiden desempeñar a plenitud su papel de
conciencia crítica y propositiva de la nación.
Cuando, en el año 2005, la Asamblea Nacional aprobó
concederle al Consejo General Universitario la función de "elaborar y
someter a la comunidad universitaria, mediante referéndum, el anteproyecto de
Ley Orgánica de la Universidad de Panamá y, una vez aprobado por esta,
presentado a las instancias correspondientes" (artículo 13 de la Ley 24 de
2005), tuvo el propósito de evitar la anarquía de propuestas personales o de
grupos como había ocurrido en el pasado inmediato durante las coyunturas de
1981 y 1991.
La norma citada alude a la eventualidad excepcional de
proponer una nueva Ley Orgánica, surgida de la necesidad de generar cambios
académicos sustanciales. De ninguna manera puede tomarse para justificar una
reforma electoral con nombre y apellido.
La consulta interna en la Universidad, no sustituye el
obligante debate de los distintos sectores de la sociedad y de los ciudadanos
en general, sobre cualquier aspecto que afecte a la principal universidad
pública, ya que ellos tienen el derecho legítimo a opinar durante las
discusiones en el proceso de formación de las leyes nacionales.
Pese a que el referéndum es un procedimiento
democrático para reformas significativas, lo impusieron para beneficiar
directamente al Rector actual, quien presidió el Consejo General Universitario
que lo aprobó y no se separó del cargo en ningún momento durante el proceso
electoral. Precisamente el Rector, al ser parte interesada y debido a la fuerte
influencia que le proporcionan sus excesivos poderes, hizo que dicho evento
electoral resultara totalmente antidemocrático y éticamente cuestionado.
La
Estrella / Opinión / 1 de marzo de 2015
Debate
universitario
Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático
de la Universidad de Panamá
El Consejo General Universitario
de la Universidad de Panamá, en el segundo semestre de este año, debe convocar
la elección del nuevo rector para el período 2016-2021, que se realizará en
junio de 2016. Naturalmente, esta convocatoria abrirá un debate sobre la
situación de la Universidad de Panamá, la cual carece que dé una hoja de ruta
académica, más allá de ofertar servicios de formación profesional. La pérdida
de vinculación de nuestra institución con los problemas nacionales, se ha
debido a la pobre gestión de las máximas autoridades universitarias.
El actual rector, en acto
público, ha anunciado su participación en la próxima contienda electoral con el
fin de ocupar por sexta ocasión la rectoría. Este anuncio ha generado un
sinnúmero de críticas y de denuncias que son el resultado de una administración
aferrada al poder. Mi sentido de pertenencia a la Universidad de Panamá me
motiva a advertir que el profesor García de Paredes a través del referido
anuncio, ha transgredido limitaciones establecidas en el Reglamento General de
Elecciones Universitarias de la Universidad de Panamá; y ha incurrido en faltas
electorales, tales como: la obligación de las autoridades, mientras ejerzan el
cargo, de ser imparciales y la prohibición de participar en campañas electorales
o ser candidatos (Artículo 120). Sobre este hecho, el 13 de febrero de 2015
hice entrega de una petición de investigación al presidente del Organismo
Electoral Universitario.
Por tener el profesor García de
Paredes más de 75 años de edad, su postulación como candidato a rector sería
ilegal. De acuerdo al Artículo 182-A del Estatuto Universitario, al cumplir un
profesor los 75 años, termina su relación laboral con la institución. Bajo esta
norma, que estableció el actual rector, se han retirado de la Universidad de
Panamá a más de 300 profesores. En este Artículo también se establece que los
profesores que ocupen cargos de autoridad y cumplan 75 años podrán proseguir
hasta finalizar el periodo. Es decir, que el actual rector deberá acogerse al
retiro forzoso cuando culmine su periodo el 30 de septiembre de 2016. Es
lamentable que este desmedido afán reeleccionista, implique someter a la
Universidad a un clima de inestabilidad y a una creciente crítica de la
sociedad.
También es deplorable que no haya
debates. Porque a lo interno de la Universidad los docentes y administrativos
conviven en un ambiente de temor generalizado, debido a prácticas de
intolerancia, el irrespeto a la libertad de pensamiento y del disentimiento, y
a las amenazas de procesos disciplinarios. Hay que señalar que el nuevo Sistema
de Evaluación del Desempeño del Docente, por su carácter eminentemente punitivo
y por atentar contra la estabilidad de los profesores, podría ser utilizado
como instrumento de persecución.
Los universitarios deseamos que
nuestra Institución sea modelo de las mejores prácticas ciudadanas y no el
reflejo de los vicios del clientelismo, la violación de nuestras propias normas
y una pobre participación en los temas trascendentales. Aspiramos a que en la
Universidad de Panamá, la principal universidad del país, se priorice la mejora
de la calidad académica, se practique una real transparencia, sea ejemplo de
una gestión consultiva y los procesos electorales se realicen en libertad, sin
presiones ni intimidación.
La
Estrella / Opinión / 3 de agosto de 2015
CRISIS DEL MODELO DE GESTIÓN EN LA
UNIVERSIDAD
Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático
de la Universidad de Panamá
Es lamentable que la Universidad
de Panamá esté sumergida en la más severa crisis estructural de sus 80 años de
existencia. Esta crisis tiene su cruda expresión en el aislamiento nacional y
social de su administración central, encabezada por el rector. Es un hecho sin precedentes,
que diversos sectores sociales y gubernamentales reclaman una investigación
imparcial y exhaustiva de la gestión del actual rector.
La Universidad desde su fundación
ha tenido enemigos históricos, que no admiten el carácter popular y la
autonomía especial que goza desde su consagración en la Constitución Política
de 1946, y que sucesivas generaciones hemos salvaguardado. Pero lo que no es
correcto ni aceptable, es utilizar la autonomía como escudo, para evitar que se
realicen las investigaciones o para no cumplir los fallos de nuestro sistema
judicial. Hacer esto, es poner en peligro la institucionalidad de nuestra
Primera Casa de Estudios.
Más allá de la persona del
rector, estamos ante el agotamiento de un modelo de gestión universitaria, excesivamente
personalista, centralista, reeleccionista, clientelista, enclaustrada y aislada;
sin efectiva transparencia y sin una real rendición de cuentas. Este modelo, impide
el desarrollo de las inmensas capacidades académicas de nuestra universidad y
el aporte que debe darle al país. En contrapartida, urge una renovación total
que desarrolle un proyecto de universidad democrática, participativa, con
absoluta libertad de expresión, con calidad y pertinencia social, y sobre todo
que refuerce la autonomía mediante una efectiva transparencia y rendición
social de cuentas.
La reelección institucionalizada
desde 1994 le ha hecho daños irreparables a la Universidad, pues ha impedido el
relevo y la alternabilidad en los altos cargos, ha politizado la vida
universitaria, subordinando lo académico al afán obsesivo reeleccionista. Ha
arraigado un repudiable clientelismo ajeno a la naturaleza académica y ha
degradado la democracia interna convirtiendo las elecciones en competencias
desiguales y antidemocráticas.
Se ha prohijado un régimen
autoritario donde no hay democracia participativa y garantías para el ejercicio
de la libertad de disentir. Los docentes, administrativos y estudiantes convivimos
en un ambiente de temor generalizado. Inclusive el actual sistema de evaluación
del desempeño docente es un instrumento punitivo que amenaza la estabilidad y
no contribuye en lo absoluto al logro de la excelencia de académica. Hoy es
necesario rescatar la libertad de disentir y el estado de derecho en la Universidad.
Que nadie sea perseguido por sus preferencias electorales o por críticas a las autoridades.
La peor defensa que se hace de la
autonomía universitaria es propiciar la desvinculación y la pérdida de
autoridad ante la sociedad o dejar dudas sobre la transparencia e integridad; por
lo contrario, la deslegitima desde adentro. La moderna autonomía de las
universidades estatales se defiende cuando comprendamos que la sociedad demanda
el compromiso de ser conciencia crítica y propositiva, asumamos un papel participativo
en la vida nacional y mejoremos nuestra pertinencia social académica.
Debemos advertir que las
consecuencias que gravitan sobre la Universidad son mayormente responsabilidad
del rector. La comunidad universitaria y nacional claman por una rectificación,
entendiendo que la institución está por encima de los intereses de las personas
que la dirigen, que al final son transitorias.
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