Palabras del Dr Eduardo Flores 4/5/2010/ La Universidad y las Nuevas Reglas ........... / Evaluación de Docentes Universitarios ...... / La Evaluación del Docente ..................... / La Libertad y la Transparencia en la Universidad de Panamá ......... / Las Tierras de Ciencias Agropecuarias ............... / Discurso del Dr. Eduardo Flores Castro con motivo de la toma de posesión como Rector de la Universidad de Panamá 2016-2021

Palabras del Dr. Eduardo Flores Castro
ante el Consejo General Universitario de la Universidad de Panamá
el 4 de mayo de 2010

Asistir a presentar ideas ante el Consejo General Universitario, siempre ha sido motivo de orgullo para nosotros los universitarios.  Este es el escenario por excelencia para el debate, la confrontación, pero también para el acuerdo y la concertación, por ello me presento ante ustedes con respeto.

Nuestra posición no es de adversar a una persona, se trata de trazar el camino para enriquecer la visión de futuro.  El análisis nos lleva al punto de revisar cuan conveniente sea repetir una vez más la dirigencia que tiene más de dos décadas.

Los antecedentes más inmediatos del principio de no reelección se encuentran en la Ley 6 de 1991, que redujo el periodo del rector a 3 años y prohibió la reelección en el periodo inmediato para “quien haya ejercido el cargo por más de tres años”. En aquella ocasión, el profesor García de Paredes propició la Ley para prohibir la reelección del Rector Abdiel Adames.

Durante la administración del Dr. Carlos Iván Zúñiga se convocó, en 1993, a un Congreso Universitario, con el objetivo de aprobar un anteproyecto de Ley Orgánica. Luego de sendas deliberaciones, se aprobó el anteproyecto de Ley, cuyo Artículo 28 indicaba que: “El Rector, los Decanos y Directores de Centros Regionales no podrán ser reelegidos en el periodo inmediatamente posterior”.  En aquella ocasión también el actual Rector, en aquel entonces Decano de Humanidades, levantó la mano dando su aprobación a este anteproyecto de Ley que prohibía la reelección.

En el año 2005, después de una serie de discusiones y un plebiscito universitario donde no hubo ponderación del voto, fue precisamente el Profesor García de Paredes quien presentó y sustentó en la Asamblea de Diputados la actual Ley 24, que incluye la prohibición de reelegir a sus autoridades.  A nuestro criterio, el profesor García de Paredes debería ser consecuente en su posición de no reelección, independientemente de quién esté en el cargo.

La aplicación del principio de no reelección en el cargo de Rector es necesaria para que los procesos electorales internos sean oportunidades propicias para confrontar visiones, planes, programas, proyectos, metas y estilos de dirección.  La no reelección inmediata busca evitar la continuidad de la primera autoridad universitaria y así permitir la innovación de ideas y estrategias emanadas desde la rectoría.

La prohibición de la reelección tiene la finalidad de garantizar un mínimo de igualdad de condiciones para los docentes-candidatos al cargo más elevado de la Universidad, de manera que los resortes del poder no estén parcializados, porque de ser así se pervierte la autonomía universitaria.

La reelección del Rector somete a la comunidad universitaria a una situación de intranquilidad y confrontación política innecesaria, desviando energías y recursos económicos que deberían dedicarse a propiciar una amplia reflexión sobre el quehacer de la Institución.

La obcecada sugerencia de la reelección debilitaría la democracia interna, porque sus autoridades, como parte interesada, contarían con todas las ventajas, dando un mal ejemplo de ejercicio democrático a los universitarios y a la sociedad.

Cuando estaba culminando el periodo del Dr. Ceferino Sánchez, también algunos universitarios le plantearon la posibilidad de que se reeligiera, pero él a pesar que la Ley le permitía la reelección prefirió dar paso a otra visión de Universidad.  Posteriormente al final de periodo del Dr. Carlos Iván Zúñiga, otros le sugirieron que se reeligiera, usando la argucia de retirarse unos meses antes de cumplir los 3 años, pero él prefirió honrar su palabra y no reelegirse.     

La reelección del Rector de la Universidad de Panamá no es conveniente porque las funciones de docencia, investigación, extensión, producción y servicios de la Institución quedan subordinadas al interés político electoral, puesto que desde el inicio del periodo de un Rector, éste estaría preparando su reelección.  Esto lo advirtió Méndez Pereira cuando dijo que uno de los peligros es que se llegara “a crear el tipo de profesor o de Rector que hace política tratando de captar la benevolencia del estudiante, en perjuicio de su imparcialidad”.

En una comunidad universitaria de más de 4 mil docentes, nadie puede autocalificarse de indispensable, pues hay suficientes profesores que tienen la capacidad y el compromiso para ocupar el cargo de Rector.  Nadie puede adjudicarse el papel de representar la gobernabilidad o de ser el equilibrio entre la derecha y la izquierda. Tampoco es válido el argumento pueril: “que quedan cosas por hacer en la Universidad”.  Por supuesto que siempre quedarán cosas por hacer en nuestra Universidad, sobre todo si en los últimos 7 años hemos perdido más de 10 000 estudiantes, sobre todo cuando el patrimonio en tierras que tiene la Universidad ha disminuyendo.

Los 14 años que el profesor García de Paredes ha estado en la Rectoría es tiempo más que suficiente para haber desarrollado un plan académico, científico, humanista y tecnológico y llevar a la Universidad de Panamá a la vanguardia de las más importantes universidades.

Colegas universitarios, pensemos lo que vamos a hacer, el tema de la Ley de la Universidad no está en la agenda de la Asamblea de Diputados, si llevamos una propuesta de modificación de la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, nosotros sabremos lo que entra a la Asamblea, pero no sabemos lo que de ella saldrá.  Los que voten favorablemente a llevar esto a la Asamblea serán los responsables históricos de lo que suceda.

El cambio es el oxígeno de la vida académica.  No estamos para discrepar con una persona, estamos para construir un nuevo proyecto, respetando lo aportado en el pasado y deseando que todas las fuerzas se sumen a la construcción del futuro.  Yo tengo plena confianza en este Consejo General Universitario, porque con ustedes, junto con miles de universitarios que nos acompañan renovaremos nuestra Universidad.

Deseo concluir con las palabras del Libertador Simón Bolívar cuando sentenció: "Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder.  El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo: de donde se origina la usurpación y la tiranía"


La Estrella / Opinión / 7 de enero de 2012

la Universidad y Las Nuevas Reglas

Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

El Rector convocó al Consejo General Universitario en diciembre de 2011, con el fin de presentar “Propuestas encaminados a racionalizar la estructura del personal académico y administrativo”. Tales propuestas, parten por reconocer el “creciente desequilibrio entre la matrícula estudiantil, que en los últimos años ha descendido, en tanto la cifra de profesores y empleados administrativos se ha incrementado”. Este abultamiento de la planilla, según el proponente, se debe básicamente a que para jubilarse no es obligante la separación del puesto de trabajo, conforme a las normas legales vigentes.

Con este enfoque aprobaron que los docentes, aún jubilados, puedan prestar sus servicios hasta la edad máxima de 75 años, mientras que los trabajadores administrativos que se han jubilado a los 57 años las mujeres y a 62 años los varones deberán ser separados de sus puestos.  Aquí podemos apreciar que la medida además de ser injusta y discriminatoria, podría dar cabida a cuestionamientos sobre su legalidad.  Lo correcto hubiera sido haber elevado una consulta jurídica a la Procuraduría de la Administración para tener mayor seguridad que lo actuado se hace con apego al derecho.  En el pasado los órganos de gobierno universitarios han aprobado acuerdos en materia laboral que han sido impugnados legalmente, costándole elevadas sumas de dinero del presupuesto a la Institución.

No obstante, aprobaron excepciones a las reglas anteriores relativas a la permanencia laboral. En el caso de los docentes, bajo la figura de Profesor Emérito, se podrán contratar a profesores con 75 años o más “de excepcionales méritos académicos”, que no podrá ser más de 50 educadores. En cuanto al personal administrativo que se hayan acogido a la jubilación, podrán ser contratados mediante servicios  profesionales, “en caso de necesidad”.  Aunque estas excepciones sean reglamentadas, lo cierto es que dado el régimen centralizado de la Universidad donde el Rector goza de amplias atribuciones y preponderancia, los escogidos para permanecer en la Institución, podrían convertirse en un selecto grupo de privilegiados por la discrecionalidad de la autoridad.

Estas llamadas medidas de racionalización no abordan las causas reales de la problemática de la Universidad, expresada en el agotamiento de un modelo de gestión académico y administrativo.  La drástica y preocupante disminución de la matrícula en las diferentes carreras representa la ineficacia del actual modelo institucional.  En el 2003 teníamos unos 74 mil estudiantes y ahora contamos con menos de 50 mil. Esto debiera provocar la convocatoria de un gran debate con la participación de todos los estamentos universitarios, los egresados y la comunidad nacional, de manera que concluya en la necesidad de una urgente renovación integral, novedosa y democrática de la mayor casa de estudios superior.


La Estrella / Opinión / 18 de junio de 2013

EVALUACIÓN DE DOCENTES UNIVERSITARIOS

Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Recientemente la Universidad de Panamá aprobó un nuevo reglamento para su Sistema de Evaluación de los Profesores, el cual derogó la anterior reglamentación. Parto del principio que es necesaria la evaluación permanente del desempeño a fin de la mejora continua del ejercicio de la docencia, lo que es imprescindible para contar con egresados preparados para enfrentar las demandas de este siglo y la consecuente acreditación universitaria.

La primera observación es que dicho reglamento no define los objetivos del sistema de evaluación. Sin objetivos hay desorientación y se carece de metas. Una evaluación docente debe tener fines académicos y didácticos precisos, tal como las buenas prácticas de la docencia y la identificación de las debilidades, lo que daría una base para programas de perfeccionamiento para la mejora continua de la docencia.

El comentado reglamento es un instrumento disciplinario, cargado de sanciones que van desde la amonestación escrita y perdida de la condición de tiempo completo hasta la suspensión laboral y la destitución.  Esta materia es parte del reglamento disciplinario que ya existe y que debe ser actualizado, pero no de un sistema de evaluación de los docentes.  Según nuestro criterio, este reglamento atenta contra la estabilidad del personal académico.

Lo que realmente corresponde es crear la carrera académica que exija el cumplimiento de deberes, pero garantice derechos.  En donde la evaluación del desempeño de los profesores sería uno de los componentes que regularía la carrera académica, mandatada por el Estatuto y nuestra Ley.

Este reglamento es disciplinario y no de evaluación académica, ya que contempla solo aspectos cuantitativos para supuestamente evaluar la labor docente, y deja a un lado factores cualitativos.  Los cursos de perfeccionamiento son vistos como castigo para el que sale mal evaluado, en vez de ser parte de una política académica de actualización constante.

Los incentivos al docente bien evaluado son insignificantes e irrealizables, y están redactados en términos de probabilidad “tendrá preferencia”, “de acuerdo con la realidad financiera de la institución”.  Por tanto, el único incentivo real podría ser, que una buena evaluación solo servirá para que no pretendan atentar contra la estabilidad del profesor.

No nos parece correcto que este reglamento no se aplique a las altas autoridades y otros altos funcionarios, exonerándolos de las funciones de investigación, extensión, producción y servicios. El Sistema de Evaluación por Resultados debería ser eso mismos: “Un Sistema”, en donde todos los elementos del proceso deben ser evaluados y no solamente el último eslabón de la cadena que es el profesor.

El carácter punitivo de este reglamento, tiene el riesgo que pueda ser utilizado como un instrumento de persecución política y no para mejorar las actividades académica de la institución.  Por consiguiente, hacemos un llamado a todos los profesores y a las autoridades conscientes del Consejo Académico que rechacemos su aplicación y exijamos su reevaluación. 


Lunes 24 de noviembre de 2014 / Opinión / La Estrella

La Evaluación del Docente

Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Desde el 2013 se ha aplicado, en la Universidad de Panamá, el llamado “Sistema de Evaluación de los Profesores” que lejos de cumplir los objetivos de la Universidad y contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, es un sistema carente de definiciones conceptuales y procedimientos precisos; y cuyo marco procedimental se ha ido improvisando, a medida que se han presentado los cuestionamientos del personal docente.

Estas evaluaciones, además de estar lejos de medir el esfuerzo que hacen los docentes en su desempeño, no incentivan las buenas prácticas. Su aplicación, sin haber aprobado previamente el manual de procedimientos y sin que exista claridad al respecto, ha generado un clima de desasosiego e incertidumbre en los profesores, contrario a una evaluación que debería promover la excelencia del buen docente.

Siempre se ha dicho que los docentes no les gusta que los evalúen, pero lo que nunca se dice es que por lo general, cada vez que se implementa un nuevo modelo de evaluación, el mismo hace más énfasis en medidas punitivas que en incentivos para la mejora de la calidad educativa.

Más que una evaluación, se asemeja a un régimen disciplinario que enfatiza en la aplicación de sanciones que van desde la amonestación verbal, la amonestación escrita, cursos obligatorios, la pérdida de tiempo completo, suspensión temporal de labores, hasta llegar a la destitución como pena máxima. Esto, en la práctica, amenaza la estabilidad consagrada en nuestra Ley Orgánica y en el Estatuto Universitario. Es inadmisible que con el pretexto de hacer cumplir los deberes de los profesores, se vulnere derechos. Comprensible es que la institución asegure el cumplimiento de las obligaciones de todos los docentes, en el entendido que su accionar se debe enmarcar en una gestión académica y administrativa de calidad. Pero cuando ello atenta contra derechos, se desnaturaliza el propósito.

El reglamento que crea las evaluaciones de la función docente y el rendimiento por resultados, no tiene objetivos específicos que señalen las metas e indicadores que debe alcanzar la labor de enseñanza-aprendizaje. Cuando se ordena tomar cursos de perfeccionamiento, es para penalizar y no con la idea de mejorar el perfil del docente.  Prueba de ello es que no se da ningún tipo de seguimiento a quienes los toman. Para matizar, se incluyen incentivos limitantes, incumplidos e intrascendentes. Sería interesante conocer ¿cuántos profesores se han hecho merecedores a los incentivos que indica el sistema, cuando su evaluación es “excelente”? y ¿cuáles han sido esos incentivos?  Todo indica que el objetivo es ampliar el régimen disciplinario en desmedro de la estabilidad docente.

Es cuestionable que la norma reglamentaria exceptúa de la evaluación de rendimiento por resultados a las autoridades y a algunos profesores que ocupen cargos administrativos. Un verdadero sistema de evaluación no sólo debe ser integral, sino que debe abarcar a las autoridades, pues son estos los primeros que han de ser evaluados como ejemplo ético hacia los demás colegas.

Luego de mantener en zozobra a los docentes, por el hecho de no estar claro quién debe certificar las evidencias de cumplimientos, las autoridades han reconocido que no existe aún un manual de procedimiento consensuado para aplicar el Sistema de Evaluación.

Por las consideraciones expuestas hacemos un llamado a las autoridades para que suspendan la aplicación de la evaluación y en contrapartida se rediseñe un sistema de evaluación integral, propositivo, renovador y técnicamente bien sustentado, con las debidas consultas a los docentes.



La Estrella / Opinión / 14 de agosto de 2013

La Libertad y la Transparencia en la Universidad de Panamá

Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Las universidades forman parte de las instituciones sociales que juegan un papel vital en la transformación de un país. A los jóvenes que a ella asisten, los internaliza de conocimientos integrales, indispensable para la modernización y la democratización de la sociedad.  En ella, se proporcionan los valores que aseguran la equidad y la participación en la solución de los problemas asociados con el desarrollo sustentable de la sociedad.

En las universidades, la libertad no sólo implica el derecho a enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas; la libertad también implica, el derecho a expresar sin temor su opinión sobre la institución y las normas con que se labora.  Es el derecho a elegir y ser elegido a cualquier cargo de elección, sin temor a represalias.  Todo persona en un centro de enseñanza superior deberá poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna por partes de las autoridades.

La transparencia consiste en la creación de un ambiente que facilite el acceso a la información. En el caso de las universidades, la transparencia implica el derecho a evaluar y cuestionar las políticas universitarias, conocer el destino de su presupuesto y de los procesos de negociación y venta de su patrimonio.  Es el acceso a los procesos de contratación de profesores y administrativos.  La transparencia es el impulsor de la innovación, la investigación y de las buenas prácticas, en la medida que permite que sus miembros tengan confianza en sus autoridades.

Hoy más que nunca, el país requiere de espacios y condiciones en donde las acciones de sus hombres y mujeres, sirvan de paradigmas al resto de los conciudadanos. Esta afirmación es esencial cuando se trata del papel de sus instituciones insignias como la Universidad de Panamá, en donde rescatar su misión de conciencia crítica y propositiva es tarea de todos.

En medio del poco edificante panorama electoral, la crisis institucional y los crecientes problemas sociales, lamentablemente la Universidad de Panamá está sumida en graves acusaciones penales contra sus autoridades; procesos disciplinarios contra docentes y encausamientos para destituir a autoridades electas que cuestionan a la administración.

Por el prestigio de nuestra Universidad construido a lo largo de siete décadas, estas acusaciones no deben ser tomadas a la ligera.  Entre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, por quien fue Director de Asesoría Legal de la institución durante más de diez años, resalta la querella contra sus más altas autoridades, por la comisión de los delitos de: Abuso de Autoridad, Infracción de los deberes de los Servidores Públicos, Omisión en el cumplimiento de deberes, Extralimitación de Funciones, Asociación Ilícita, Falsedad Ideológica y Lesión al Patrimonio.

Ante la gravedad de tales denuncias, sin precedentes en nuestra historia institucional, en nombre de los universitarios y de las generaciones de egresados que han aportado a nuestro desarrollo y al perfeccionamiento de la identidad nacional, demandamos hacer público los resultados de las investigaciones imparcial, honesta e integral sobre estas acusaciones.

Además, en un acto sin antecedentes, se le ha otorgado una cátedra de regular, a un docente que no concursó, mientras varios académicos que legítimamente obtuvieron sus plazas por concursos, no reciben la continuidad de su condición de Tiempo Completo, porque no han sido dóciles a la administración.

La actual administración incumplió la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá durante varios años al no organizar la elección para ocupar el cargo de Defensor Universitario.  Ahora resulta que la Defensora de los Universitarios elegida por votación, se le ha acusado de excesos en el ejercicio de sus funciones y ha sido suspendida de su cargo.  Es obligante señalar que este puesto, se debe ejercer con independencia y no subordinado a las autoridades. 

La vigencia de las libertades democráticas y el derecho a discrepar es consustancial a la Universidad y merece su salvaguarda incondicional. De ahí que rechazamos toda actuación dirigida a utilizar procesos disciplinarios contra quienes optemos por asumir una opinión crítica ante las autoridades.  Estos procesos no son propios de una universidad que se proclama democrática. 

Cuando a un colega se le vulnera sus derechos y las garantías del debido proceso, los universitarios deberíamos seguir una máxima: No siempre he compartido tus ideas, pero lucharé con todas mis capacidades para defender el derecho que tienes a manifestarte y a denunciar los actos de corrupción, sin miedos y sin amenazas y sin que por ello seas objeto de persecuciones. 

Cuando alguien denuncia un acto de posible corrupción, lo correcto es investigar la denuncia y no pasar a procesar disciplinariamente al denunciante, ni aludir a la trillada frase: Esos son los enemigos de la Universidad que forma parte de una conspiración infame.  

La Universidad de Panamá frente a las elecciones nacionales del 2014, debe servir de modelo al gobierno y a los partidos políticos en materia de: uso adecuado de los fondos públicos, investigación transparente de las denuncias de corrupción, defensa de las libertades de todos sus miembros, tolerancia, erradicación de la persecución y de los pases de facturas contra los que no los favorecieron con el voto, y estricto cumplimiento de las normas legales.


La Estrella / Opinión / 3 de septiembre de 2015

Las tierras de CIENCIAS AGROPECUARIAS

Dr. Eduardo Flores Castro
Catedrático de la Universidad de Panamá

Como docente de la Universidad de Panamá expreso mi mayor solidaridad con el justo reclamo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, quienes exigen la pronta adquisición de tierras aptas para la docencia, la investigación y sus prácticas académicas. El gobierno nacional y las altas autoridades universitarias tienen el deber de dar inmediata solución a esta justa demanda, con una finca que reúnan las condiciones y con un proceso de absoluta transparencia.

Resulta inaceptable el daño irreparable que se le ha hecho a la formación de los profesionales de las ciencias agropecuarias, a causa de la ineficiente administración de las autoridades universitarias. Hasta el 2012, se contaba con la Granja Universitaria de Tocumen de unas 300 hectáreas con equipos, animales y cultivos que aseguraban la calidad educativa. Sin ninguna previsión este centro especializado se clausuró por su venta, quedando los estudiantes sin esta imprescindible área de enseñanza experimental. No está demás señalar, que la carrera de Producción Animal, que hacía sus prácticas en estos terrenos, era la única carrera que contaba con reconocimiento internacional.

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá aprobó, en el 2012, vender por 109 millones de dólares, estas tierras para una proyectada ampliación del Aeropuerto de Tocumen. El rector ha señalado, en reiteradas ocasiones, que fueron forzados a proceder con la venta. Sin embargo, nadie recuerda que como respuesta a la presión del Órgano Ejecutivo, las autoridades hayan concitado a la comunidad universitaria a defender el patrimonio y la autonomía de la Universidad de Panamá. Estoy seguro que si hubieran hecho el llamado, todos los universitarios y la sociedad habríamos dado nuestro respaldo a la defensa de nuestro patrimonio.

Si era inevitable la venta de ese valioso patrimonio, entonces la elemental gestión administrativa debió condicionar la venta, a que sólo se saldría de estos predios, cuando estuviesen garantizadas tierras con igual o mejores condiciones, de manera que no afectara la continuidad de la calidad formativa de los estudiantes.

Esta deplorable situación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, debe servir para debatir sobre la pérdida del patrimonio de la institución.  Debemos alertar que terrenos importantes en Tocumen, han sido alquiladas, por las autoridades universitarias, a una empresa por una suma irrisoria de dinero y por un plazo irracional de tiempo. Además, en Río Hato también se vendieron varias decenas de hectáreas por una suma mínima, cuando ya se sabía que estos terrenos aumentarían su valor muy rápidamente.


Considero que es pertinente establecer una norma legal que exija la realización de un referendo universitario, para autorizar a las autoridades y los órganos de gobierno universitarios vender el patrimonio en tierras, acumulado por años. Sin embargo, en este momento lo prioritario es resolver el problema de nuestros estudiantes que no cuentan con terrenos para su formación académica, que producto de una administración central irresponsable, les ha cercenado este derecho. Es lamentable que esta afectación a la formación académica, añada un aspecto más a la crisis del sector agropecuario; cuando nuestra universidad debería estar dictando pautas para el diseño de un plan estratégico de reconversión agropecuaria que asegure la soberanía alimentaria de nuestro país.


Discurso del Dr. Eduardo Flores Castro con motivo de la toma de posesión como Rector de la Universidad de Panamá 2016-2021

“Los tiempos han cambiado y los signos de la nueva época revelan con elocuencia irresistible que el país tiene necesidad de renovación. Renovación de hombres, de prácticas, de costumbres y de sistemas. La renovación es la ley eterna de la vida que se cumple en los mundos siderales y en todas las formas de la materia y que se impone también en los pueblos, en las sociedades y en los individuos.”  Eusebio A. Morales, 1908.

Hace 40 años, un joven humilde egresado del colegio José Daniel Crespo de Chitré, llegó al Chorrillo a vivir en un cuarto abandonado en la Calle 27, no sabía dónde quedaba la Universidad de Panamá. Por lo que preguntó, ¿Cómo hago para llegar a la “U”?, y le dijeron: Toma un bus, ve contando las paradas y te bajas en la parada 18, y ahí está la Universidad.  Yo lo hice, conté 18 paradas y me bajé, sin embargo algo me decía que esa no era la Universidad. Efectivamente me había bajado en el Hospital de la Caja de Seguro Social. Así inició la vida universitaria de aquel joven que hoy toma posesión como Rector de la Universidad de Panamá.

El Movimiento de Renovación Universitaria, nace hace 8 años con el anhelo de construir mejores días para la Universidad y el país; de establecer una educación superior cónsona con las exigencias de nuestro tiempo; y con el afán de construir una Universidad con más libertades.

Este movimiento se nutrió de mujeres y hombres dispuestos a sacrificar lo necesario: su puesto de trabajo, su familia e incluso su salud. La lucha fue digna, pausada y tenaz.  No hubo un día sin trabajar, sin meditar y sin concretizar el anhelado sueño. Colocamos los cimientos que soportan los peldaños de este gran Movimiento, que la nación entera observa atenta y con esperanza. Mi eterno reconocimiento y agradecimiento a todos ellos. 

Nosotros no hemos hecho más que interpretar el querer de miles de docentes, estudiantes y administrativos. La renovación universitaria es más que un grupo organizado, es una propuesta de transformación que pretende convertirse en la nota característica de la cultura universitaria, de ahí que hago la convocatoria para que todos formen parte de este empeño renovador.

Con este acto de toma de posesión una nueva generación de universitarios asume la conducción de la Universidad de Panamá.  Estos nuevos actores en la vida universitaria han optado por un liderazgo con visión de futuro, incluyente y ético.

Creemos en un liderazgo colectivo, que se base en la consulta y el consenso.  Debemos remplazar el protagonismo personalista por el liderazgo incluyente.  El rector ha de ser portavoz de los órganos de gobierno.  Los Decanos y Directores de Centros Regionales deben ser voceros de unas empoderadas Juntas de Facultades y de Centros Regionales.

Esta nueva dirigencia renovadora concibe que por encima de las individualidades está la institucionalidad. Que primero está el interés supremo de la comunidad universitaria, que las autoridades son pasajeras y la institución es permanente, que jamás debe confundirse la universidad con el rector.  La exaltación del rector tiene que dar paso al protagonismo institucional de la Universidad.

El funcionamiento de la Universidad no puede darse con la distinción entre amigos y enemigos, entre aduladores y disidentes, entre los que votaron por mí y quienes votaron con otros candidatos.  Nos proponemos rescatar la plena libertad de pensamiento, el derecho a disentir, la libre adhesión política y el respeto al estado de derecho universitario. Es indispensable dotarla de una dimensión ética a la convivencia universitaria, de ahí que proclamemos nuestro rechazo a la eterna reelección, a toda práctica clientelista y cualquier forma de corrupción. 

La Universidad debe adoptar un sistema de integridad pública, con prácticas permanentes de transparencia y verdadera rendición de cuentas, intolerable y en vigilia constante contra el flagelo de la corrupción.

La democracia universitaria debe restablecerse plenamente. Por eso es que el liderazgo renovador entiende que las autoridades al ser elegidas no reciben un cheque en blanco, ni el ejercicio democrático se limita sólo a ejercer el voto.  El liderazgo democrático es participativo, consultivo y transparente en su actuar. Esto implica la adopción de mecanismos institucionales de participación efectiva de los universitarios.

Desde esta tribuna hago una convocatoria a todos los universitarios a participar del proceso de transformación.  Que cada día sea un peldaño ganado a las estructuras obsoletas, al tradicionalismo, a la indiferencia y a la falta de creatividad e innovación. También solicito a la comunidad nacional a que nos apoyen en esta cruzada renovadora. Nuestras comunidades, la sociedad organizada, el sector privado y público, tienen mucho que aportar. 

Convoco a todos los egresados a que hagamos un reencuentro con nuestra alma mater.  Nuestros miles de egresados son parte de la comunidad universitaria y son el más fiel exponente de nuestro aporte al desarrollo del país.

Con su voto, los universitarios soberanamente optaron por la renovación de la Universidad de Panamá.  La comunidad nacional con su opinión influyó en el triunfo de la alternativa de la transformación de esta alta casa de estudios superiores. Nunca antes una elección había generado tantas expectativas como la recién escogencia de las autoridades.  Tenemos absoluta conciencia de las expectativas que a lo interno y a nivel nacional se tiene en nuestra administración y en el nuevo período histórico que debe experimentar la Universidad de Panamá.

La comunidad universitaria y la sociedad panameña nos miran con la fe y el optimismo de que la renovación es posible, a sabiendas que ésta empezó con los resultados de la elección.  Ahora nos toca desarrollar un proceso renovador permanente.

Urge la adopción de un nuevo modelo de gestión institucional propositiva, participativa y con capacidad de reinventarse, lo que potencia el cumplimiento de la doble misión de la universidad.  Es decir, formar profesionales con las capacidades y actitudes que requiere el desarrollo presente y futuro del país, al tiempo que con la investigación e innovación se convierta en centro de estudios de los problemas nacionales.

La Universidad de Panamá tendrá que someterse a una necesaria transformación académica integral, lo que involucra la revisión total de su estructura y ofertas educativas.  Esto nos debe llevar a renovar las carreras de acuerdo a las necesidades de la sociedad y el campo del trabajo, crear nuevas carreras, al igual que visualizar las carreras del futuro, según las tendencias nacionales y mundiales.

En los próximos meses revisaremos el estado actual de las diversas modalidades de educación y los convenios vigentes en materia de titulación conjunta.  Estableceremos nuevos mecanismos de ingreso a la Universidad, donde deseamos establecer cursos propedéuticos para disminuir la distancia académica entre la escuela media y la Universidad.

A la investigación le daremos una priorización institucional, mediante una consultada definición de las líneas estratégicas de mayor impacto, mayores recursos económicos y un nuevo modelo de gestión. De manera que a través de ella se genere y apliquen los conocimientos para dar respuesta a los problemas nacionales. Para ello es indispensable crear conciencia a nivel gubernamental y empresarial sobre la importancia de la investigación para el desarrollo del país, lo que requiere una inversión de más recursos económicos.

Con urgencia, procederemos a elaborar una propuesta de reforma al Reglamento de Investigación, para que la incentive y a la vez estimule el ingreso de nuevos investigadores con doctorados.  En lo inmediato debe reestructurarse el reglamento del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente, eliminarle su componente punitivo y dotarlo de objetivos que conduzcan al logro de la excelencia académica.

Igualmente es necesario reestructurar el reglamento de Banco de Datos, a fin de asegurar que esté plenamente basado en méritos y ejecutorias, desechando la discrecionalidad y clientelismo.  Todo ello con el objeto de garantizar el relevo docente de la más alta formación. Es indispensable crear la norma para otorgar automáticamente la condición de Profesor Tiempo Completo a los docentes que lo posean al ganar un concurso como profesor regular.

Los posgrados constituyen la mejor vía para la producción, difusión y aplicación de conocimientos, de ahí que ampliaremos las ofertas de posgrados.  De esta forma haremos de la investigación nuestra mayor fortaleza. 

Por eso, identificaremos los programas de maestría que tienen la posibilidad de otorgar títulos intermedios, y daremos inicio a la elaboración de un plan de intercambio académico con otras universidades.  De igual forma propondremos crear títulos intermedios en todas las licenciaturas posibles.   

Revisaremos el reglamento de estudios de posgrados, al que se debe incorporar un régimen especial para profesores que cursan doctorados.  También iniciaremos un programa de becas para estudios de doctorado.  La propuesta es que dentro de 5 años la Universidad de Panamá tenga 200 nuevos doctores.  En este sentido, estamos en conversaciones con la SENACYT para que otorgue 100 becas de doctorado en los próximos 5 años en áreas prioritarias: 50 para el Campus y 50 para los Centros Regionales.  Estas becas serán otorgadas de acuerdo al procedimiento de convocatorias y selección del IFARHU-SENACYT. 

Los estudiantes universitarios enfrentan los retos de una sociedad cada vez más competitiva y cambiante, lo que hace necesario incorporar nuevos paradigmas educativos.  Las características del estudiantado han cambiado, es más diversa y compleja.  Las dos terceras partes de la matrícula es femenina.  Comparten aulas estudiantes que solo estudian con estudiantes que trabajan; estudiantes del interior, de la metrópoli y de las comarcas. Así como estudiantes con capacidades especiales. 

Estamos gestionando becas con el IFARHU para los jóvenes que opten estudiar licenciaturas con baja matrícula y que requiere el país. Entre estas carreras están: Física, Matemática, Química, Historia y Filosofía. Además, adoptaremos un plan piloto de internet inalámbrico en el Campus. Mejoraremos el menú de nuestras cafeterías y revisaremos el horario de atención en las unidades académicas y la Biblioteca.

Con el ánimo de potenciar los grupos estudiantiles en todas sus facetas (cultural, artísticos, conservación del ambiente y en temas de actualidad social), se organizará el último martes de cada mes, el “Martes Estudiantil”. El primer Martes Estudiantil será el 26 de octubre y el tema será: Métodos de Lucha del Movimiento Estudiantil en pro de Reivindicaciones Sociales.

Con una visión prospectiva a largo plazo nos hemos comprometido a dirigir la construcción colectiva del “Plan de Desarrollo Universitario del Centenario”, que tendrá como horizonte el 2035.  Esto requerirá imaginarse y simular cómo será la universidad en los próximos 19 años, lo que sólo es posible con una visión interdisciplinaria futurista. 

Es necesario renovar el modelo de gestión académica y administrativa de los Centros Regionales, Extensiones y Programas Anexos, de suerte que se cuente con planes regionales de desarrollo universitario, como parte de un plan nacional.  Tenemos el desafío de consolidar los Centros Regionales como espacios para el estudio, investigación y el diseño de propuestas para enfrentar los problemas provinciales y nacionales. 

Para esto, realizaremos en el primer semestre del próximo año, Congresos Regionales por Provincia, en donde los Centros Regionales convocarán a las instituciones gubernamentales y sectores productivos para discutir y planificar el futuro regional y elaborar una Hoja de Ruta por provincia para los próximos 20 años. En estos congresos se discutirá y se planificará en materia de salud, educación, seguridad alimenticia, ambiente, delincuencia, urbanismo, turismo, deforestación, etc.

No habrá rector y vicerrectores elitistas.  Asistiremos con alegría a todas las ceremonias de graduaciones, y estaremos satisfechos y orgullosos de los logros de nuestros estudiantes.

Pretendemos ir adoptando un nuevo modelo de gestión horizontal, colectiva y transparente.  La Universidad de Panamá debe convertirse en una institución ejemplar de la administración pública panameña, donde impere la cultura de la gestión estratégica, la evaluación y la calidad.  Para ello hay que cerrarle las puertas a toda forma de autoritarismo, clientelismo y corrupción.  Al respecto, deseo anunciar la creación de un concurso para incentivar la cultura de transparencia, a denominarse “Mi Universidad Transparente”.

En febrero vamos a convocar un Congreso Nacional Universitario con la participación de representantes de todos los estamentos, con el fin de discutir en forma integral nuestra Ley Orgánica. En él debatiremos, entre otros temas, sí es positivo que las autoridades se puedan reelegir indefinidamente, debatir sobre nuestro presupuesto y en donde presentaremos la propuesta que el 10 % de nuestro presupuesto sea destinado exclusivamente a la investigación. 

La Universidad de Panamá debe ser modelo de buenas prácticas ambientales. Fomentaremos una cultura ambiental de conservación y prevención de desastres y el desarrollo sostenible.  Implantaremos un conjunto de medidas para la reducción del consumo de energía y elaborar procesos para la gestión y procesamiento de residuos.

Hace 70 años, el 24 de septiembre de 1946, mediante la Ley 48 se desarrolló el régimen de la autonomía especial dado a la Universidad por la Constitución de aquel año.  Incalculable ha sido el significado positivo que ha tenido en el desarrollo de la institución.  Amerita convocar a la realización de un balance histórico de la autonomía universitaria y su dimensión actual.

Hoy, más allá de ser un espacio contestatario y de conciencia crítica, la universidad pública como la nuestra, debe ser un espacio de desarrollo del pensamiento crítico, de participación y de formulación de propuestas.

El proyecto de renovación de la Universidad de Panamá involucra darle a su autonomía otra dimensión. De manera que se convierta en espacio de estudio de los temas nacionales.  Esto obliga hacer una entidad participativa y propositiva, capaz de establecer nuevas relaciones con la comunidad, organizaciones sociales, sector privado y sector público.

La Universidad por ser centro donde se genera y transfiere conocimiento, es una fuerza motora de cambios sociales.  Somos la institución nacional que concentra las mayores inteligencias del país.  Vincular la universidad al país es uno de los grandes propósitos de esta nueva administración.  Tal como decía Octavio Méndez Pereira: ponerla al servicio del pueblo y en sintonía a los problemas palpitantes del momento.

Aspiramos a fortalecer la relación de la extensión con la docencia y la investigación, vinculando al proceso educativo con la realidad nacional.  Transformar el claustro universitario en laboratorio de análisis y foro institucional.  Desde la primera semana de esta nueva administración se organizarán los “Miércoles Universitarios”, de manera que durante los semestres, cada miércoles a las 6:30 p.m, en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, se realice una actividad académica o cultural, dirigida a los universitarios y a la comunidad.

 Les puedo anunciar que la agenda de Los Miércoles Universitario de octubre, es:
·       Miércoles 5 de octubre a las 6:30 p.m: Concierto de gala de la Orquesta Filarmónica de       la Universidad de Panamá.
·       Miércoles 19 de octubre a las 6:30 p.m: Panel sobre Barro Blanco.
·       Miércoles 26 de octubre a las 6:30 p.m: Foro: Juventud, Participación y Desarrollo.

Además, cada mes anunciaremos por las redes sociales y todos los medios posibles, La Agenda Académica y Cultural. Para este mes de octubre ya tenemos programadas más de 30 actividades académicas y culturales.

Deseo comunicarles que nuestra administración será austera y se desprenderá de algunos privilegios que han tenido los rectores en las últimas décadas:
·  * Ningún chofer con auto de la universidad irá a buscarme a mi casa, ni me llevará a mi           casa. Iré en mi auto y regresaré en mi auto, tal como lo he hecho durante 34 años.  Todos      los autos de la institución, dormirán en la Universidad.
·  * No se renovarán los autos de la universidad, incluyendo el que utiliza el rector, a menos       que sea estrictamente necesario.
·  * Todos los teléfonos celulares de las autoridades serán   eliminados, y cada autoridad se        pagará su teléfono celular.
·  * Esta administración no tendrá asesores asalariados.  Todos los asesores serán eliminados.    No los necesitamos, ya que contamos la disposición de los 4 200 profesores de nuestra        universidad.
· * Se hará una mora para no aumentar el número de personal administrativo de la institución. No es posible que pasada cada elección se aumente la planilla, para pagar favores políticos.

Hace 65 años, el rector Octavio Méndez Pereira, en un acto de graduación de 1951, les decía a los estudiantes: “visitando recientemente el taller de un gran artista de Florencia, me llamó la atención la estatua de un ciego en actitud de caminar, con los brazos extendidos desesperadamente hacia la luz.  Una réplica de esta estatua ha de verse pronto como obsequio mío en nuestro campus como símbolo del ciudadano que llegue a nuestras puertas en busca de saber.  Hacia la luz será el lema de los dinteles de estas puertas”.  Más adelante decía “Quien camina hacia la luz, camina hacia el amor y hacia la esperanza, hacia el bien y hacia la verdad”.

Inspirados en el legado de este pensamiento, queremos empeñar todas nuestras energías para hacer honor a esa estatua histórica, que la universidad camine diariamente hacia la luz renovadora, que más allá de ser una esperanza, sea la universidad una fuente de conocimiento, de propuestas y modelo de actitud ética hacia todo el país.

Hago nuestro el célebre Juramento Académico que elaboró nuestro primer Rector, que señala: “Juro luchar con toda mi capacidad por la dignidad del hombre, por la cultura, por la justicia, por la libertad, por el derecho a vivir en paz, sin miedo y sin amenazas, en un mundo donde imperen límpidamente la democracia y la solidaridad humana”.

Emulando estas históricas palabras, quiero proclamar solemnemente nuestro compromiso, teniéndolos a ustedes como testigo: Juro luchar con toda mi capacidad por la renovación de la universidad; por ponerla al servicio del país, especialmente de los más necesitados; por desarrollar la investigación al más alto nivel; por la libertad de disentir y el imperio del estado de derecho; por la transparencia y por una conducta ética ejemplar.

La tarea es grande, pero grande será nuestro esfuerzo. Con Dios, sabiduría y templanza lo lograremos.

Muchas Gracias, Que Dios los Bendiga


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